¿Planificar para proteger o reclasificar para destruir? Las contradicciones de los cambios propuestos al Plan Territorial de Salinas
Por: Víctor Alvarado Guzmán
Portavoz del Comité Diálogo Ambiental
La revisión integral del Plan de Ordenamiento Territorial (RIPOT) del Municipio de Salinas presenta una contradicción que debe preocuparnos: mientras su diagnóstico reconoce los altos riesgos de inundaciones severas y otros impactos naturales, la fragilidad ecológica del territorio, la crisis del agua, la pérdida de terrenos agrícolas y la vulnerabilidad ante la crisis climática, varias de sus propuestas aumentarían los riesgos, intensificarían las presiones sobre los ecosistemas, y agravaría los problemas ambientales que el propio documento identifica.
Se pretende impulsar nuevos proyectos de construcción y actividades residenciales, turísticas e industriales sin demostrar, con información científica actualizada y una evaluación integral, que Salinas cuenta con el agua, la infraestructura y la capacidad ambiental necesarias para sostenerlas, sin afectar las familias en nuestras comunidades.
El propio Memorial del RIPOT reconoce que el Acuífero del Sur es la única fuente de agua potable del municipio, que sus niveles freáticos han descendido, que existe un desbalance entre extracción y recarga, y que la sobreexplotación ha contribuido a la contaminación del agua subterránea con agua de mar (intrusión salina).
Ante ese diagnóstico, resulta indispensable preguntar cómo se pueden promover más proyectos de construcción y una expansión territorial sin presentar primero un balance hídrico actualizado. También debe aclararse por qué no se integra las extracciones al acuífero por parte del Complejo Termoeléctrico de Aguirre y otras actividades industriales, como las múltiples operaciones de semillas genéticamente modificadas en nuestro municipio.
La contradicción se hace más evidente al considerar la propuesta del gobierno municipal de propiciar la construcción de 1,564 viviendas nuevas. El mismo borrador reconoce una disminución poblacional sostenida, que el 22.4% de las viviendas están vacantes y que existen limitaciones en la infraestructura de agua potable y alcantarillado. Aunque no toda vivienda vacante está disponible, el Municipio debe evaluar primero la rehabilitación y el desarrollo en áreas urbanas ya servidas.
Proponer más construcciones mientras se reconoce que la infraestructura tiene dificultades para atender a los residentes actuales, no se sostiene bajo ninguna justificación. La administración municipal debe decretar una moratoria de nuevos proyectos de construcción.
Suelos agrícolas
También preocupa la protección de los terrenos agrícolas. El RIPOT reconoce el valor del Corredor Agrícola de la Costa Sur, pero no establece garantías claras frente a cambios de clasificación que podrían facilitar usos urbanos, industriales o energéticos.
Los datos que el propio documento atribuye al Censo Agrícola reflejan que entre 2012 y 2022 Salinas perdió 1,552 cuerdas de superficie en fincas, aunque aumentó el número de fincas. Se requieren medidas para proteger los suelos agrícolas.
En ese contexto, deben evaluarse los proyectos energéticos industriales CIRO y AES/Salinas Solar. El análisis señala que CIRO contempla aproximadamente 541 acres en una zona importante para la recarga del Acuífero del Sur y que sus documentos identifican posibles alteraciones en la escorrentía y los flujos subterráneos. Asimismo, los estudios hidrológicos citados para CIRO y AES/Salinas Solar plantean aumentos en las aguas de escorrentías cargadas de sedimentos y otros asuntos que deben examinarse por sus efectos en comunidades como El Coquí, Eugene Rice, San Felipe y Mosquito.
La energía renovable no debe justificar sacrificar terrenos agrícolas o hábitats de especies, áreas de recarga o espacios abiertos y de drenaje. El Plan debe evaluar impactos acumulativos y alternativas como paneles solares en techos, estacionamientos, y otras estructuras en conjunto con sistemas de almacenamiento de energía (baterías), programas de conservación y eficiencia energética, entre otras opciones sostenibles.
Reducción de suelos protegidos
Una de las mayores alarmas surge de los cambios propuestos a las clasificaciones de suelo.
Según las cifras identificadas en la Tabla 8 del borrador, se plantea una reducción de 28.47% en la superficie total clasificada como Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP), y de 74.94% en la categoría SREP-P. Una reducción de clasificación no significa necesariamente pérdida física del terreno ni desaparición de toda protección. Sin embargo, la magnitud obliga a explicar qué cambia, por qué y qué garantías permanecen.
Tampoco parece razonable tratar como simples modificaciones menores cambios que abarcan múltiples comunidades y extensiones considerables.
El análisis identifica, entre otros, más de 180 cuerdas en Ranchos Guayama que pasarían de SREP-P a Suelo Urbano; alrededor de 50 cuerdas en Majada de SREP-A a Suelo Rústico Común; y terrenos no construidos en Río Jueyes que pasarían de SREP a Suelo Urbano. Las agencias concernidas, incluyendo a la Junta de Planificación, deben promover mayor análisis y participación pública, además de evaluar las propuestas individual y acumulativamente antes de aceptar que son “cambios menores”.
La Reserva Natural Abey
Un caso que representa una contradicción clara en las propuestas acciones de la administración municipal de Salinas, son los terrenos comprendidos entre las comunidades de Villa Cofresí, Villa Esperanza y la Urb. La Margarita, donde hace unos años se propuso un controversial proyecto conocido como Salmar.
En abril de 2023, la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón envió al Senado un Memorial Explicativo respaldando la propuesta comunitaria y del Partido Independentista Puertorriqueño de designar como Reserva Natural Abey de Salinas los terrenos mencionados, por la “variedad de elementos ecológicos, que deben ser protegidos y preservados…para el disfrute de las presentes y futuras generaciones.”
La mandataria también resaltaba la necesidad de proteger el bosque, los recursos arqueológicos y el humedal presentes en el área, así como el hecho de que esa es una zona de alto riesgo de inundación y tsunami.
“Recomendamos que todo terreno designado como Reserva Natural Abey de Salinas, mantenga la clasificación de Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP) establecida actualmente en el Plan de Uso de Terrenos (PUT) de Puerto Rico y posteriormente adoptada en la revisión integral del Plan de Ordenamiento Territorial de Salinas”, expresó la alcaldesa en su escrito.
Sin embargo, apenas tres años después, el Municipio cambia de postura y propone reclasificar como Suelo Urbano (R-I) los terrenos que anteriormente había apoyado para formar parte de la reserva natural. Esta nueva clasificación abriría la puerta al desarrollo de proyectos de construcción en dichos predios, poniendo en riesgo no sólo el valor ecológico del área, sino también la seguridad y el bienestar de las comunidades residenciales circundantes.
¿Cómo se justifica ahora promover una clasificación urbana para terrenos cuya conservación y protección había defendido la propia administración?
Datos y cifras cuestionables
Otro señalamiento sobre el documento municipal es que se utilizan datos climáticos de 1971-2000 como referencia principal, aunque reconoce el cambio climático como amenaza. Se debe incorporar datos recientes sobre sequías, inundaciones, erosión y huracanes, y relacionarlos con cada reclasificación.
También debe haber una evaluación más amplia sobre cómo se dispondrá de los residuos sólidos tras el cierre proyectado del vertedero municipal para 2030, según los datos presentados por el Municipio. De igual forma, hay que analizar la situación actual del programa de reciclaje, cuyo plan venció en el 2014, sin que se haya presentado una actualización del mismo.
Por otro lado, hay diferencias en las cifras de superficie y categorías de suelo, omisiones sobre proyectos energéticos y dudas sobre la participación pública: las vistas de las fases I y II se celebraron el 24 de septiembre de 2026. Esto no prueba una nulidad, pero obliga a preguntar si las comunidades pudieron estudiar cambios que afectan cientos de cuerdas.
Salinas necesita un progreso justo, sustentable y equitativo. Para lograrlo precisamos de agua potable, agricultura, humedales, costas seguras y comunidades protegidas. Por eso, el RIPOT no debe aprobarse sin corregir sus contradicciones, actualizar sus datos y justificar cada cambio de clasificación con evidencia transparente.
Planificar no es abrir terrenos para construir, es decidir responsablemente qué debe protegerse para que Salinas tenga un desarrollo sostenible y un futuro seguro para su gente.
